El discurso neoliberal acerca del rol del Estado, y por cierto el discurso de la economía del bienestar al que le quita preponderancia, tiene que ver con que si la intervención del Estado puede mejorar las funciones del Mercado libre. Es más, muchos de aquellos que no están de acuerdo con las conclusiones que se puedan extraer de este discurso parecen considerar el modo de discurso en sí mismo como sin problemas. Se puede observar el entusiasmo que la mayoría de las conclusiones intervencionistas de la nueva teoría del crecimiento o de la estratégica teoría del comercio ha generado entre algunos críticos del neoliberalismo, críticos que creen que las limitaciones del neoliberalismo se pueden superar mediante la construcción de más modelos que justifiquen la intervención del Estado
Primero, tomemos el caso del trabajo de menores. En este momento pocas personas en los países avanzados considerarían la prohibición del trabajo de menores como una intervención del Estado que restringe artificialmente la entrada al Mercado del trabajo, mientras que muchos capitalistas del Tercer Mundo (y por cierto los capitalistas en los ahora países avanzados del primer mundo lo hicieron hasta comienzos del siglo XX) lo consideran de ese modo. Esto se debe a que en los países avanzados el derecho de los niños de no trabajar es más o menos universalmente considerado como el de tener antecedentes sobre el derecho de los productores a emplear a quienes ellos consideren más útil. Como resultado, en estos países, la prohibición del trabajo de los menores ya no es más un tema legítimo de debate político. En contraste, en los países en desarrollo (de hoy y de ayer) tal derecho de los niños no está totalmente aceptado y, por lo tanto, la prohibición del Estado del trabajo de menores se considera como una “intervención” cuyo impacto en la eficacia económica es aún un tema legítimo de debate de política. El mismo argumento se puede aplicar al caso de la esclavitud. En las sociedades donde el derecho a la autopropiedad no está universalmente aceptado (digamos el siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica), un intento del Estado de prohibir la esclavitud se puede cuestionar como una intervención de eficacia reducida, pero una vez que tal derecho se acepta como uno de los derechos fundamentales de todos los miembros de la sociedad, la prohibición no sería considerada como tal.
Otro ejemplo son muchas de las regulaciones del medio ambiente que se critican ampliamente como una intrusión sin garantías sobre los negocios y la libertad personal (por ej., las normas de la contaminación de las fábricas, las emisiones de los autos) y que fueran introducidas no hace mucho tiempo por primera vez en los países avanzados. Sin embargo, en estos países tales reglamentaciones raramente se consideran como “intervenciones”, ya que los ciudadanos ahora consideran el derecho al medio ambiente limpio como al de tener la prioridad sobre el derecho a elegir tecnologías involucradas en la producción y el consumo (por ejemplo, tecnología de producción, tipos de automóviles). Por lo tanto, hay muy poca gente que en estos países diría que el Mercado del automotor del país no es un Mercado “libre” simplemente debido a estas regulaciones. En contraste, algunos países en desarrollo exportadores, después de que no aceptan la jerarquía de derechos subyacente como legítima, podrían considerarlas como “barreras del Mercado invisibles” que “distorsionan” el funcionamiento del Mercado “libre”.
Queda otro ejemplo: muchos economistas neoliberales que critican los salarios mínimos y los estándares excesivamente altos de trabajo en los países avanzados como intervenciones injustificadas del Estado que colocan barreras de entrada artificiales dentro del Mercado de trabajo, no consideran las serias restricciones en la inmigración que existen en estos países como una intervención del Estado (y por cierto, muchos de ellos apoyarán los estrictos controles de inmigración). Sin embargo, los controles de inmigración establecen una barrera de entrada “artificial” dentro del Mercado de trabajo, tanto como lo hacen las otras “intervenciones” en el Mercado del trabajo que ellos critican. Esta actitud contradictoria solamente es posible debido a que estos economistas –al menos implícitamente– aceptan el derecho de los ciudadanos existentes de un país para dictarles los términos de participación de los “no-ciudadanos” en “su” Mercado de trabajo, mientras rechazan el derecho de los mismos ciudadanos para negarles el derecho a los empleadores de ofrecer los salarios y condiciones de trabajo que ellos consideren adecuados, más allá de lo dictado por lo que estos mismos economistas consideran un “derecho humano básico”.
Podría continuar con los ejemplos, pero el punto es que, según qué derechos y obligaciones se consideren como legítimos y qué tipo de jerarquía entre estos derechos y obligaciones es aceptado (explícita o implícitamente) por los miembros de la sociedad, la misma acción del Estado podría ser considerada como una “intervención” en una sociedad, pero en otra no. Y una vez que la acción del Estado deja de ser considerada como una “intervención” en una sociedad en particular en un momento dado (por ejemplo, la prohibición del trabajo de menores o la esclavitud en los países avanzados de hoy día), el debate de su “eficiencia” es algo políticamente inaceptable –no obstante, no hay ninguna razón dada por Dios de por qué éste debería ser el caso–. Esto está más claramente detallado en las disputas actuales que tienen que ver con los intentos de incorporar los estándares de trabajo y medio ambiente en la agenda de negociaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OMT), con un grupo (el de los países en desarrollo) que argumenta que éstas son medidas de proteccionismo encubiertas, contrarias al simple principio de 17 Mercado libre que la OMT supuestamente debe representar, y otro (el de los países desarrollados) que sostiene que estos son estándares “universales” perfectamente compatibles con el Mercado libre.
En consecuencia, si queremos decidir si un Mercado en particular es “libre” o no, necesitaremos tomar una posición sobre la legitimidad de la estructura de los derechos-obligaciones subyacentes para con los participantes en el Mercado pertinente (y por cierto, con algunos de los que no participan cuando existen las externalidades). Por lo tanto, el aparentemente simple ejercicio de definir el Mercado libre (y, por lo tanto, la intervención del Estado) ya no es tan simple –y esto es inclusive antes de que podamos discutir si algunos Mercados han “fracasado” y si la intervención del Estado podría hacerlos “más eficientes”.
Personalmente, podría afirmar que el definir un Mercado libre es en el nivel más profundo un ejercicio sin sentido ya que ningún Mercado es en el fondo “libre”, todos los Mercados tienen algún reglamento del Estado con respecto a quién puede participar, en qué Mercado y con qué términos. Esto se debe a que algunas regulaciones del Estado (y los derechos y obligaciones que apoya e inclusive crea) puedan ser aceptadas tan totalmente (por aquellos que hacen las observaciones así como por los participantes en el Mercado) que algunos Mercados parecen no tener “intervención” en absoluto y, por lo tanto, son “libres”. A menos que reconozcamos la determinación fundamentalmente política de la estructura de los derechos-obligaciones que sirve de base a las relaciones del Mercado, nuestra discusión acerca del rol del Estado se llevará a cabo con el pretexto de que nuestras propias opiniones se basan en un análisis “objetivo”, mientras que las de la oposición no lo son y, por lo tanto, están en su mayor parte “políticamente motivadas”.
Fragmento extraído de: "Quebrando el molde" de Ha-Joon Chang
