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La descentralización en el Perú puede caracterizarse como un proceso fallido, el cual en el papel prometía ser un motor para el desarrollo de las mal llamadas “provincias”, siempre atrasadas en casi todos los aspectos en relación a la capital. Sin embargo, después de casi dos décadas de iniciado el proceso, parece que poco ha cambiado en la relación entre Lima y el resto del país. Ya en 2014 la Contraloría General de la República expresó una opinión que sigue siendo pertinente en la coyuntura actual:
No obstante, el proceso de descentralización no se realizó tal como lo determinaba la ley; no se utilizó la combinación adecuada de los principios establecidos en la Ley de Bases de Descentralización. Por el contrario, fue un proceso acelerado y a pesar de los distintos esfuerzos, el Estado no ha sido capaz de delimitar las competencias y distribuir funciones de las entidades públicas para una eficiente gestión de los distintos niveles de gobierno. […] Como consecuencia, los gobiernos sub nacionales recibieron súbitamente una carga masiva de funciones y competencias sin los recursos necesarios ni las capacidades adecuadas para una oportuna, eficaz y eficiente provisión de los servicios. (Contraloría, 2014, pág. 12)
Así pues, el Estado peruano sigue estando fuertemente centralizado, en él las normas y programas se diseñan desde Lima, sin un diagnóstico de lo que pasa en las regiones y provincias (con excepción de algunos estudios de consultoría), sin previa consulta pública y sin diálogo con los planes de desarrollo regional o local elaborados por las autoridades de los gobiernos subnacionales. Esto tiene como consecuencia que en muchos casos los ministerios casi no cumplen su rol rector, el cual con frecuencia ni siquiera está claramente definido en sus leyes orgánicas, por lo que ellos mismos pasan a ocuparse de las políticas públicas en las regiones (lo que en la literatura especializada se denomina enfoque top-down de políticas públicas).
Una hipótesis para ello es que aún persiste desde Lima una visión paternalista sobre las poblaciones de otros lados del país, como unos eternos menores de edad a los que no hay que confiarles nada, y menos aún el dinero: para 2020 el gobierno central tiene un presupuesto de 124 582 millones mientras que todos los gobiernos regionales 31 906 millones de soles, es decir el gobierno central dispone de casi 4 veces lo que todas las regiones juntas. Y la misma tendencia se repite en 2019, 2018 y así sucesivamente; todo esto a pesar de que la participación de los gobiernos regionales en el presupuesto ha aumentado en la última década (Íbid).
Un efecto que alimenta y retroalimenta esta situación es la poca institucionalización de las entidades regionales y locales. De ellas, se dice que son ineficaces y que adolecen del capital humano que sí se tiene en Lima. Esto genera un círculo vicioso, pues ¿cómo se puede ser eficiente si no hay el capital humano para diseñar y ejecutar instrumentos de política pública adecuados a la realidad local?, y ¿cómo conseguir cuadros técnicos y burocráticos de primer nivel si no hay dinero para ofrecer salarios atractivos? También se dice que sus autoridades son corruptas, y efectivamente no faltan los casos de corrupción al interior de los gobiernos regionales y municipales, pero el resaltar esta característica para negarles mayores recursos puede interpretarse como un sesgo de confirmación, o dicho en otras palabras: no se les niega mayor presupuesto porque haya corrupción entre sus autoridades, sino que se alude a la corrupción de sus autoridades para negarles esos recursos. Esto es así ya que los actos de corrupción ocurridos en las regiones no solo son llevadas a cabo al interior de los gobiernos subnacionales, sino también por otro tipo de autoridades nombradas desde el gobierno central a las que no se les niega recursos ni se les disminuye autoridad.
El resultado de este círculo vicioso de atrofiamento del proceso de descentralización es que la gran mayoría de las administraciones regionales no se encuentra preparada ni en capital humano ni en infraestructura para afrontar una amenaza como la actual pandemia del COVID-19 (tampoco lo estuvieron cuando sucedieron el Fenómeno del Niño en 2017 o el terremoto de Pisco en 2007). En consecuencia, cuando suceden amenazas graves como la que vivimos actualmente, se piensan estrategias paliativas de último momento como el destinar varios millones para encomendar a las municipalidades la responsabilidad de distribuir canastas de alimentos (si el presupuesto fuese más equilibrado entre el gobierno central y los gobiernos regionales/locales no hubiese habido de necesidad de ello). Otra estrategia, como ocurrió con los otros desastres antes mencionados, es la de nombrar “zares” o “autoridades extraordinarias”, tales como el zar de la reconstrucción para Pisco o la señora Mazzetti en la actualidad, con la finalidad de que actúen de manera solo temporal para intentar, con una actitud que raya con lo autoritario, dar solución a una situación que fue producida por aquellos mismos poderes que los nombran.
Por ello no es difícil imaginar que mientras Lima será afectada gravemente por la pandemia, muchas regiones y zonas alejadas del país sufrirán un efecto sobre su población que incluso puede poner en riesgo su propia existencia como centros poblados o comunidades: más que el virus, los matará la falta de un gobierno local y regional lo suficientemente dinámico y fuerte como para atenderlos. Ello hace necesarias dos acciones para evitar tragedias de este tipo en el futuro: exigir activamente la profundización rápida del proceso de descentralización y desarrollar movimientos ciudadanos regionales y distritales activos que exijan mayor transparencia a los gobiernos regionales.
1 Publicado originalmente en Politeama.pe. disponible en: https://politeama.pe/2020/06/01/el-covid-19-y-el-virus-cronico-del-centralismo-limeno/
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